Uno de mis bancos me pidió que les entregara copia de la denuncia, el otro no. Se limitó a decirme que estuviera tranquila porque ya habían anulado las tarjetas y que me enviarían pronto las nuevas a casa. Pero, a los tres días, yo ya estaba más o menos repuesta del tema y andaba enfrascada en mi trabajo cuando me percato de que hay un movimiento sospechoso de 400 euros en mi cuenta. "Imposible", me digo, "las tarjetas están anuladas y ahora mismo ni siquiera yo podría sacar dinero", así que me pongo en contacto, alarmada, con mi banco buscando una explicación.
Al rato me llaman de la oficina y me cuentan que una persona se ha presentado en otra oficina con mi DNI y, sin saberse número de cuenta alguno ni presentar tarjeta ni libreta, ha solicitado que le extraigan 400 euros de mi cuenta. Precisamente, 400 euros es el límite que separa el hurto -que es una falta- del robo -que es delito-. Por si ello no fuera suficientemente sospechoso, la persona en cuestión llevaba el brazo derecho escayolado para, de este modo, firmar el recibo con la mano izquierda y poder justificar que la firma no se parece en nada. La cajera, lejos de sospechar, decide darle el dinero porque, según ella, "no pedía demasiada cantidad". ¡¡¡400 euros!!! ¿Eso no es demasiada cantidad? Pues lo será para una cajera de banco porque lo que es a mí me cruje. En fin, sigo.
Me voy al banco enfadadísima y empiezo a quejarme. Ellos se justifican diciendo que yo avisé del robo de las tarjetas, no del DNI y que por eso no hicieron más. Debido a los nervios y mi inexperiencia, me conformo de momento y me limito a exigir al banco que pongan las medidas oportunas para frenar el tema. Lo hacen, porque al día siguiente vuelve a haber otro intento de desfalco pero como ya están avisadas todas las oficinas no logran nada. Eso sí, mi DNI sigue en poder de la suplantadora.
Evidentemente, mi siguiente paso es poner dos nuevas denuncias, una por el robo de los 400 euros y otra por el intento del día siguiente. Y, a continuación, ya con la cabeza fría, me pongo a reflexionar: ¿y si resulta que pierdo solo el DNI también tengo que dar parte a mi banco? ¿En qué cabeza cabe eso? ¿En qué parte de mi contrato bancario está escrito? Porque, digámoslo claro, a mí me robaron el bolso, pero después el robado (o estafado) fue el banco, no yo, y no tengo por qué ser yo quien prescinda de los 400 euros. Así que me pongo a escribir una reclamación contando todos los hechos, adjunto mi denuncia, la firmo electrónicamente para que quede constancia y se la envío al banco.
Me contestan que lo están estudiando y que en diez o quince días me contestan, pero hasta entonces yo hago frente a los 400 euros. Evidentemente, la respuesta no me satisface, así que ya veremos qué otras medidas adicionales tomaré (organizaciones de consumidores, Banco de España, etc.).
No obstante, lo que más me preocupa de este caso es la enorme sensación de indefensión provocada a raíz de un documeto -el DNI- que en principio debería servir para todo lo contrario. Leyendo por Internet me encuentro con casos similares de gente que ha acabado en el registro de morosos por impago de créditos solicitados mediante suplantación de su identidad a raíz del robo de su DNI. Evidentemente, una vez puesta la denuncia, la ley está de su parte, pero a posteriori: vas a solicitar un crédito y te lo deniegan porque estás en el registro de morosos, así que te toca investigar por qué, demostrar que tú no fuiste y pleitear hasta que limpian tu nombre. Y vuelta a empezar la siguiente vez hasta que caduque tu DNI o decidan dejar de emplearlo para fines delictivos.
Con un panorama así dan ganas de ir siempre indocumentado, la verdad. El caso es que, dándole vueltas a este asunto, creo que una simple reforma legislativa sería suficiente para poner freno a este tipo de actos y asegurar la seguridad jurídica de todos los ciudadanos, que es de lo que se trata. El DNI electrónico lleva un chip de firma electrónica cuyas claves quedan revocadas de forma inmediata en cuanto se pone la denuncia en comisaría. Cualquiera que quiera hacer uso de las claves electrónicas de ese eDNI no podrá, puesto que cualquier aplicación informática, al verificar su validez, recibirá una notificación de que la seguridad de esas claves ha sido comprometida y, por tanto, han sido anuladas.
El caso del DNI como objeto físico es más complicado porque es una persona (el cajero del banco, un prestamista...) el que decide fiarse de ese documento. No obstante, cada DNI lleva asociado, además de su número, unos datos de expedición y número de serie. Creo que debería modificarse la ley para crear un registro de DNI comprometidos o bajo sospecha. Técnicamente es muy viable, puesto que ya existe una plataforma de verificación de datos de identidad a disposición de las Administraciones Públicas. El objetivo de esta plataforma es no tener que presentar fotocopia del DNI cuando hacemos trámites con cualquier Administración, pero igual que se presta este servicio se podría habilitar otro en el que, al consultar un número de DNI, avisara si hay denuncias por robo o desaparición sobre este e indicara qué números de serie están marcados como inválidos.
De este modo, la responsabilidad ante una estafa por suplantación de identidad recaería en la entidad que ha admitido el DNI sin comprobación previa y el ciudadano que extravía su DNI no tendría que vivir intranquilo hasta la caducidad de su documento pensando qué fechorías se estarán cometiendo en ese momento con su DNI.
Mi siguiente paso en esta historia -pleitos con mi banco aparte- es enterarme por qué vía puedo mover esta iniciativa a ver si logro que llegue al Congreso y se tomen las medidas oportunas para que nadie más se vea en mi situación. Seguiré informando en este blog por si quieren adherirse a la iniciativa. Creo que es por el bien de todos.
Todo este embrollo continúa en este post.
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